El fraude de compra de votos del PSOE de Mojácar empezó a cocer hace más de un año, desde abril de 2022. Entonces, la alcaldesa de la localidad denunció por primera vez ante la Guardia Civil de Garrucha los intentos de compra de votos de inmigrantes a instancias de uno de los contactados por la trama. Ahora, ya son cuatro las personas que han denunciado de una forma u otra ante la Guardia Civil presiones para vender su voto al PSOE en la localidad almeriense.

La actividad incesante de compra de votos por parte del PSOE de Mojácar era un secreto a voces desde hace años en la comarca. Tanto, que fue la actual alcaldesa del Partido Popular la que acudió a denunciarlo en el cuartel de la Guardia Civil de Garrucha el 14 de abril de 2022. Un ciudadano, víctima de un intento de compra de voto, denunciaba a través de la alcaldesa que un tal Cristóbal (refiriéndose al candidato socialista detenido en la actualidad) le había ofrecido 180 euros a cambio de apoyar con su papeleta al PSOE.

Sin embargo, fue hace unos meses cuando una segunda persona denunció un procedimiento similar por parte de la misma trama del PSOE de Mojácar. Fue entonces cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entró en escena bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción número 4 de Vera.

Cuatro denunciantes

Durante la investigación, otras dos personas han manifestado que fueron tentados por la trama del PSOE de Mojácar para vender sus votos. En total, ya son cuatro las personas que, de una forma u otra, han denunciado presiones para entregar sus papeletas al PSOE de la localidad. El denominador común de la mayoría de los votantes contactados por la trama es su origen latinoamericano y su falta de solvencia económica.

Según fuentes judiciales, los dos candidatos del PSOE detenidos tenían un papel relevante en la trama que operaba de una forma sencilla. Su objetivo era propiciar un vuelco en las elecciones a favor del PSOE para terminar con las trabas del PP a la hostelería y a la construcción desmedida. Por este motivo, lo fácil era contactar con los posibles vendedores de su voto en los locales de ocio nocturno de la zona, algunos de ellos, controlados por la trama.

La segunda vía de acceso a candidatos a vender el voto era a través de conocidos de la comunidad latinoamericana que ejercían la función de intermediarios a cambio de una comisión de alrededor de 50 euros.

Como ya adelantó OKDIARIO, aquellos que vendían el voto recibían entre 100 y 200 euros por papeleta, la promesa de un puesto de trabajo si el PSOE se hacía con la Alcaldía o el pago del alquiler de su vivienda durante un mes. Así, la trama había conseguido hacerse con casi doscientos votos que los guardias civiles encontraron en casa de un familiar de uno de los dos candidatos. Esos 200 votos, a la espera de que los investigadores encuentren pruebas que engorden la lista, suponen casi el 10% del censo electoral de la localidad.